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El Consell ha dado 600.000 euros a una asociación de mujeres del PP para sus gastos

Una parlamentaria popular preside Mujeres Demócratas, que tiene convenios con el Consell

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F. Arabí, Valencia La Asociación de Mujeres Demócratas y Consumidores no tiene ningún motivo para denunciar al Consell por discriminación en el reparto de las subvenciones. Menos aún para quejarse ante el presidente Francisco Camps. Desde que éste llegó al Palau, el trato con la entidad del entorno del Partido Popular -es a este partido lo que Mujeres Progresistas al PSPV- ha sido exquisito. En el primer año de gestión de Camps, la asociación, que está presidida por la diputada popular Esther Franco (vicepresidenta de la comisión de política social y empleo), recibió 133.773 euros, el doble de los 68.243,58 que ingresó en el ejercicio de 2002.
Desde 2003, la inyección de dinero en las arcas de Mujeres Demócratas mantiene una regularidad que para sí querrían algunos clubes de fútbol. Recibió 135.990,82 euros en el año 2004; 139.067,70 en 2005 y 118.227,15, en la anualidad de 2006. En total, en cinco años son 595.000 los euros inyectados en la asociación en concepto de subvenciones para gasto corriente, estos es, para el funcionamiento de la entidad. Se trata de aportaciones que se conceden en diversos plazos dentro del año y que sirven, entre otras cosas, para pagar los sueldos del personal contratado.
La diputada socialista Josefa Andrés denunció que esta asociación es «una extensión más del PP para la práctica del clientelismo colocando personal a través de convenios con el Consell o con la Fundación para la Atención a las Víctimas del Delito y la Mediación (Favide)» . Esta última entidad nació en 2004, a instancias de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, para gestionar oficinas de atención a víctimas del delito, así como puntos de encuentros para la mediación familiar. En algunos casos, como Paterna o Torrent, Favide convenió esta prestación con Mujeres Demócratas. Hasta la propia Conselleria de Economía y Hacienda hizo un duro informe en el que detectó irregularidades en la contratación de personal en el año en el que la entidad echó a andar.
El PSPV denunció que la persona que se contrató como gerente, para empezar, era el secretario general del PP en la provincia de Valencia, Antonio Betoret. De Igual manera, Josefa Andrés, explicó que en Paterna, la Asociación Mujeres Demócratas puso en funcionamiento un colectivo local justamente 20 días antes de la firma del convenio para gestionar el punto de encuentro y mediación familiar. Y precisó que varias integrantes eran militantes del PP de Montcada. La apertura de estos puntos de encuentro generó conflictos con los ayuntamientos de Paterna y Torrent porque se sintieron marginados del proceso.

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